¡Yo tengo la solución!

No se puede hacer una crítica al exilio cubano, como hice en mi mensaje anterior, por su incapacidad de ofrecer una alternativa estructurada que propicie un proceso de transición hacia la democracia, en la que se incluya una plataforma política y un programa de gobierno definidos, sin que el crítico ofrezca a su vez la solución que juzgaba ausente.
Pues bien, yo tengo la solución.
En primer lugar, el problema no consiste en un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Es algo mucho más concreto y racional. El propio Monseñor Boza Masvidal lo identifica en su "Mensaje" del número de noviembre de 1996 del Boletín de la UCE cuando señala que se "se trata sustancialmente de un conflicto entre la opresión y la libertad" y que "es un conflicto entre cubanos".
Por consiguiente, lo tenemos que resolver entre cubanos.
Vamos a intentar un análisis somero del problema. Marx y Engels, en el "Manifiesto Comunista" estiman que se accede al poder mediante una lucha de clases. Y que el elemento fundamental de poder en la sociedad es el control de los medios de producción, que, eventualmente, en la síntesis comunista del triunfo total del proletariado sobre la burguesía, serían controlados exclusivamente por los trabajadores. Pero antes de alcanzar esa síntesis ideal o utópica de la dialéctica marxista, la interpretación leninista derivó en un proyecto por el cual el Estado, es decir, la élite gobernante, debe intervenir en la lucha por el poder para acaparar en forma absoluta todos sus mecanismos.
Esa es la génesis del totalitarismo marxista- leninista.
La justificación a tal régimen totalitario -con el eufemismo de dictadura del proletariado- se daba por la necesidad de ejercer un poder absoluto a fin de aplastar las fuerzas de la burguesía, las oligarquías y el capitalismo hasta que no quedase traza alguna de ellas. El resultado pragmático es que la dictadura no la ejerce el proletariado sino, de hecho, la élite gobernante, con la promesa de que lo hace con un carácter provisional en virtud del concepto dialéctico. Una vez aplastadas esas fuerzas, en la sociedad utópica construida sobre sus ruinas, esa élite gobernante cedería buenamente el poder absoluto que detentaba en favor del pueblo.
Pues bien, es hora de que el gobierno cubano acepte ese desafío y ponga el poder en manos de su pueblo. La razón de ser de la revolución de Castro, por los cauces marxistas-leninistas que siguió, desemboca en la síntesis actal de la nueva sociedad cubana, donde ha dejado de existir todo rastro de las antiguas oligarquías burguesas y capitalistas. Antes de entregar los medios de producción al extranjero ambicioso que llega a la isla con aspiraciones de explotador capitalista, tiene la obligación de darle al pueblo la oportunidad de tomar decisiones propias, tanto en el campo económico y social como en el político.
Y para que el pueblo decida no puede haber otro camino que la democracia. Ya sé que este vocablo ha sido sumamente manoseado y sometido a las más dispares interpretaciones. Castro mismo habla sin empacho de la "democracia" que practica su gobierno. Lamentablemente, un corto mensaje como este no permite ahondar en las raíces históricas y culturales del concepto democrático. Baste decir que hay dos vertientes en la manifestación democrática del poder: una directa y otra representativa. La democracia directa se practicó en la antigüedad y, en algunos casos aislados, en la Edad Media, y se practica hoy día mediante el uso de los plebiscitos y también a nivel local en algunos países en cuestiones municipales y de educación.
Como la democracia directa es impracticable en vastos países salpicados por decenas o cientos de ciudades, la idea democrática evolucionó al concepto surgido en la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, que conocemos en la actualidad como democracia representativa. Este concepto define a la República como un gobierno representativo en que el poder reside en el pueblo y es ejercido por sus representantes debidamente electos en comicios universales y secretos. El problema estructural básico desde entonces consiste en cómo puede el pueblo manifestar ese poder y hacer uso de él. Así han surgido múltiples constituciones en todo el mundo tratando de concretar este poder o, al menos, de hacerlo más justo y equitativo con un sistema de equilibrio de poderes que garantice los derechos del individuo y de la comunidad respectivamente.
Las estructuras representativas de Gobierno se forjaron bajo las premisas de que el pueblo eligiría a sus representantes para que éstos ejecutaran el mandato popular de gobierno y de que los partidos políticos canalizarían sus programas por los medios legislativos del sistema y en consulta con el pueblo, utilizando a los representantes electos para darles ejecución. El problema consiste en el grado de representatividad que tiene el pueblo con estos sistemas de gobierno y en el grado de participación que cada uno de ellos le permite.
El profundo desencanto que han sentido los pueblos frente a tales sistemas de gobierno, plagados de corrupción e inequidades, provocó en su oportunidad el nacimiento y el auge del Comunismo internacional como una alternativa participativa. Es bien sabido que ese desencanto consiste en que los pueblos se han visto relegados en esas democracias "representativas" al papel de espectadores, en el mejor de los casos, o de simples peones de la maquinaria política en gobiernos dictatoriales, autocráticos u oligárquicos, en el peor de los casos.
Pero el Comunismo tampoco fue una solución. Sus metas utópicas quedaron ahogadas en sistemas que embocaban a los pueblos en el callejón sin salida de la opresión y la tiranía. En momentos en que ya era inminente el derrumbe soviético, su propio representante ante las Naciones Unidas, Sr. Akaev, reconoció el 22 de octubre de 1991 ante la Asamblea General que: "No me corresponde a mí, al viajar fuera de mi patria, anatematizar el comunismo con rostro soviético. Todos fuimos rehenes de esa ideología inhumana y su sistema antihumano. Todos nosotros, de una u otra manera, debemos compartir la culpa por nuestro pasado". Años después, en sus Memorias, Mikhail Gorbachev, quien nunca ha renunciado a su ideología marxista, reconoció sin embargo que: "La crisis del movimiento comunista y su derrumbe eran fundamentalmenteinevitables, debido a que la crisis fue provocada por la propia debilidad interna de la ideología comunista, que, al ponerse en práctica, derivó en el establecimiento de una sociedad totalitaria. Semejante modelo tenía que derrumbarse tarde o temprano".
La solución consiste en no andarse por las ramas y darle al pueblo lo que es del pueblo. No seguir con las promesas y la demagogia. No hablarle de democracia como de una ideología sino como un hecho práctico, como una estructura de gobierno que permita el libre discurso de las opiniones de todos. Se trata de la democracia en acción. Se trata de un concepto de participación popular que no tiene nada que ver con el mecanismo que permite gobernar mediante decisiones mayoritarias, ni con los mecanismos que agrupan al pueblo en sectores o facciones con capacidad de manifestarse dentro de su contexto limitado, ni con procesos de votación -como es el plebiscito- donde apenas se permite a los electores contetar con un sí o con un no a determinada propuesta, ni, mucho menos, con la movilización masiva de ciudadanos que respondan "consensualmente" al líder carismático con estruendosa aclamación. El concepto de participación que quiero exponer aquí es un medio político radicalmente distinto que exige una intervención directa y eficaz en el proceso de tomar decisiones.
En Cuba se habla ahora de democracia participativa, como un eco de iniciativas desarrolladas por Amalio Fiallo y Nicolás Ríos a través de sus Seminarios de Democracia Participativa, algunos de los cuales se han realizado dentro de la isla. Si bien tienen de positivo el hecho de que sirven de vehículo para impulsar un debate sobre ese tema en un entorno que hasta ahora había sido hermético, el concepto queda tergiversado al encasillar la supuesta participación democrática dentro de parámetros unipartidistas, sometida a una estructura fundamentada en la dominación del caudillo sobre el Partido, del Partido sobre el Estado y del Estado sobre la sociedad.
Cualquier partido político representa una corriente de opinión de un sector de la población. La Real Academia define a un partido político como el "Conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma facción, opinión o causa". Es decir, ningún partido puede abarcar, ni siquiera en un concepto utópico como el comunista, la opinión consensual de todos los sectores de un país. Todo individuo tiene opiniones originales y propias, y busca a otros individuos con opiniones semejantes para organizarse con un propósito común. De este proceso surgen los partidos políticos legítimos. Luego la democracia no puede circunscribirse a un solo partido sin marginar y excluir a amplios sectores de la población y coartar su libertad. Mi esposa me inspiró a escribir este mensaje cuando me dijo: "Ningún gobierno puede vanagloriarse de dar mucha libertad, porque la libertad, las libertades, son patrimonio del pueblo y no de los gobiernos. El ejercicio de la libertad no es una dádiva de los funcionarios de turno".
Luego demos al pueblo lo que es del pueblo. Ofrezcámosle una síntesis política que abarque el concepto de soberanía popular y lo ubique en un sistema de democracia representativa pluralista. Esa es mi solución. Aprovechando las instituciones políticas ya establecidas en Cuba y reconociendo su realidad institucional, elaboremos un sistema democrático popular con participación y representación. En concreto: la propuesta básica consiste en que continúen funcionando las Asambleas del Poder Popular, incorporándoles reglamentos que les permitan una amplia iniciativa y autonomía -de las que carecen ahora-, y que, en un proceso paralelo, se proceda a reconocer y respetar ampliamente el pluralismo ideológico y político, la libre asociación en partidos políticos y el equilibrio de los poderes gubernamentales.
El poder de las Asambleas surgiría de la base -la Asamblea de Distrito- y, desde ellas, se irían eligiendo escalonadamente delegados a las Asambleas Municipales, las Asambleas Provinciales y la Asamblea Nacional. Los delegados de las Asambleas serían electos en su propio seno independientemente de su filiación política. Los partidos políticos no estarían representados en ellas. No obstante, hay que reconocer que si quedaran funcionando por sí solas, su gestión llevaría al cáos ideológico y el estancamiento político. Cada persona tiene un esquema de valores, aspiraciones, proyectos e intereses distinto, y sin el aporte de programas estructurados, proyectos definidos o lineamientos ideológicos, las Asambleas -por muy democráticas que fueran- podrían convertir todo el ejercicio del gobierno participativo en la clásica "olla de grillos".
Por lo tanto, se necesita una estructura partidista paralela que, a través del Senado, encauce los programas de los partidos mayoritarios y recoja y considere las opiniones de los minoritarios. Para que esta gestión del Senado se refleje también en las deliberaciones y debates de las Asambleas, podrían estar también representados en ellas con voz, pero sin voto, observadores de los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones cívicas, culturales y religiosas, y otros grupos de intereses, para contribuir a estructurar los temas de los debates y apoyar candidaturas a la Asamblea de nivel superior. Un saludable cabildeo público podría desarrollarse como un medio positivo de ventilar los intereses sectoriales y promover iniciativas legislativas.
Por su parte, el Senado estaría constituido por candidatos postulados por los partidos políticos y electos periódicamente en voto universal y secreto. Los proyectos de ley aprobados por el Senado serían sometidos a la Asamblea para su estudio, y este órgano tendría facultades para proceder a su enmienda, aprobación o rechazo.
Con este esquema bicameral funcionaría la democracia participativa a través de las Asambleas, con la intervención paralela de los organismos sectoriales en ellas representados, pero sin abandonar por ello totalmente el concepto representativo, afianzado en el Senado y en el Poder Ejecutivo, donde se manifestarían en forma estructurada las ideologías y aspiraciones de los partidos políticos.
Esta propuesta implica una estructura participativa dentro de un concepto semi-parlamentario. La Constitución de 1940 ya otrogó a la República una democracia semi-parlamentaria, pero podemos dar un paso más allá con la participación popular directa y con un Poder Ejecutivo que, si bien debe ser autónomo y dinámico, tenga un papel administrativo y no de liderazgo.
De este modo, el ejecutivo no encarna el Gobierno sino su administración. En el ala legislativa, una de las Cámaras -la Asamblea Nacional- quedaría abierta a la participación popular, sin comprometer por ello la eficacia ni la dinámica de gobierno ni provocar el caos o la parálisis. Este concepto no despoja de autoridad al Poder Ejecutivo porque dentro de su función administrativa contaría con una amplia capacidad de iniciativa para impulsar a través del Poder Legislativo la orientación original de la plataforma y programa políticos que lo llevó a ganar las elecciones.
El equilibrio entre ambas cámaras puede tener diversas manifestaciones, pero el concepto básico aquí planteado implica que los partidos e ideologías políticas se manifiesten como proponentes (función del Senado), que el pueblo retenga una facultad inaliebale de decisión (función de las Asambleas) y que la gestión de gobierno tenga una manifestación administrativa (función del Ejecutivo).
Es decir, el ala senatorial del Poder Legislativo cuenta con la dinàmica de las tesis, los proyectos, las propuestas, los programas y las aspiraciones que aglutinan a las fuerzas vivas en sectores ideológicos o partidos. Les corresponde, por lo tanto, el papel de proponentes. Pero el propósito fundamental de este sistema es el concepto de que las Asambleas -es decir, los ciudadanos en ellas manifestados- son soberanas en el devenir de la República. Les corresponde, por lo tanto, el papel de ejecutores. Queda al Poder Ejecutivo la función de administrador de la voluntad del pueblo.
Esta tesis la desarrollaré ampliamente en mi libro titulado La Democracia en Acción, de prósima aparición. No obstante, me propongo en un próximo mensaje desarrollar otras cuestiones muy pertinentes que son consecuencia directa del enfoque realizado aquí.
Invito a todos a discrepar, comentar y criticar.